Este lunes 24 de julio, a las 10.00 horas, el Directorio del Partido Nacional recibe a los Diputados Federico Casaretto, Sandra Etcheverry y Luis Lacalle Pou.
El motivo de la reunión es la consideración de “Seguro Firmo”, iniciativa de los Diputados Casaretto, Etcheverry y Lacalle Pou para impulsar una recolección de firmas en todo el país en respaldo a varios proyectos de ley que de ser aprobados ayudarán a mejorar la seguridad pública.

El Diputado Dr. Federico Casaretto presentó un Proyecto de Ley que mejora la transparencia de la gestión pública y el conocimiento de los bienes e ingresos de los máximos jerarcas de gobierno.

La iniciativa de Casaretto establece que la declaración jurada de bienes e ingresos del Presidente de la República, del Vicepresidente y de los 19 Intendentes Municipales, así como de sus respectivas cónyuges, deberá ser sistemáticamente puesta en conocimiento de la población a través de su publicación en la prensa.

Actualmente están exceptuados de dicha obligación los Intendentes Municipales, de acuerdo a lo establecido por la Ley 17.060. El proyecto del Diputado Casaretto corrige esta excepción, ampliando los márgenes de transparencia. Asimismo aclara la situación planteada ante la declaración jurada del actual Presidente Dr. Tabaré Vázquez, en cuya publicación oficial fuera omitida y mantenida en forma confidencial parte de dicha declaración.

Fundamentos del Proyecto

La iniciativa de Casaretto incluye la siguiente Exposición de Motivos:

“La presente iniciativa tiene por objeto aclarar por vía interpretativa la situación creada en relación con la declaración jurada de bienes e ingresos (ley 17.060) presentada oportunamente por el Presidente de la República doctor Tabaré VAZQUEZ así como ampliar por modificación legal el ámbito de las declaraciones juradas que deben ser publicadas y el medio en que debe de realizarse tal publicación.

De acuerdo con lo dispuesto por el inciso 5º del artículo 12 de la ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 “La Junta abrirá los sobres conteniendo las declaraciones del Presidente y Vicepresidente de la República y dispondrá su publicación en el Diario Oficial”.
Dicha declaración jurada, que deben presentar cada dos años los funcionarios comprendidos en los artículos 10 y 11 de la citada ley 17.060 alcanza asimismo la declaración jurada de su cónyuge.

En el Diario Oficial oportunamente se publicaron las declaraciones juradas de los Presidentes de la República doctores Julio SANGUINETTI y Jorge BATLLE. En estas declaraciones juradas, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 17.060, se incluyó y publicó la declaración jurada de bienes e ingresos de sus respectivas cónyuges, sin que la separación de bienes fuera un obstáculo para las publicaciones.

En el sitio web de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado y en el Diario Oficial correspondiente, fueron publicadas las declaraciones juradas del Presidente de la República y del Vicepresidente de la República. Al pie de la declaración jurada de bienes e ingresos del Presidente de la República luce la siguiente nota: “Se deja constancia de que en el sobre estaba incluido un segundo sobre cerrado que el doctor Vázquez afirmó que contenía la declaración jurada de su cónyuge, el que no fue abierto en consideración a que se invocó la reserva de confidencialidad reconocida expresamente en el instructivo pertinente”.

Un instructivo, simple acto administrativo, no puede limitar el alcance de la ley. La declaración jurada comprende tanto la declaración del funcionario como la de su cónyuge (inciso 1º del artículo 12 ) y en el caso de la declaración jurada del Presidente de la República debe publicarse en el Diario Oficial (inciso 5º del mismo artículo). Creemos conveniente que el Poder Legislativo en su calidad de intérprete auténtico de la ley aclare el punto.

Asimismo, para continuar avanzando en criterios de transparencia entendemos que se debe ampliar a los Intendentes Municipales el ámbito de las declaraciones juradas de bienes e ingresos que deben ser abiertas por la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado y que se deben publicar, no sólo en el Diario Oficial sino también en un diario del departamento al que cada Intendente Municipal pertenece”.

El Proyecto de Ley

El texto del Proyecto del Diputado Casaretto establece textualmente lo siguiente:

“Artículo único: Sustitúyese el inciso 5º del artículo 12 de la ley 17.060 por el siguiente: “Las declaraciones se presentarán en sobre cerrado ante la Junta Asesora. La Junta abrirá los sobres conteniendo las declaraciones del Presidente de la República, Vicepresidente de la República, de los Intendentes Municipales, así como el de las respectivas cónyuges y de las demás personas identificadas en el inciso 1º de este artículo y dispondrá su publicación en el Diario Oficial. En el caso de los Intendentes Municipales dispondrá asimismo la publicación de la declaración en un diario del departamento”.

Entregan 7500 firmas de vecinos reclamando seguridad

Los legisladores de Maldonado se reúnen con el Vice-Presidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, este martes 4 de julio a las 15.00 horas en el despacho de la Presidencia del Senado.
En la oportunidad harán entrega al gobierno nacional de 7500 firmas de vecinos del departamento que reclaman medidas claras ante el clima de inseguridad pública que se vive en Maldonado.
Las firmas fueron recolectadas por un grupo de vecinos movilizados sin ninguna clase de banderías partidarias, y serán presentadas a Nin Novoa por legisladores del Partido Nacional, del Frente Amplio y del Partido Colorado.

Directorio del Partido Nacional respalda a Casaretto en su denuncia de conductas dictatoriales del gobierno de Oscar de los Santos.

Este lunes 3 de julio el Directorio del Partido Nacional recibió al Diputado Dr. Federico Casaretto, quien concurrió acompañado del Dr. Luis Carlos de León y de la Edila Esc. Magdalena Zumarán.

El legislador de Maldonado planteó ante el máximo organismo nacional de su partido algunas actitudes (que calificó como dictatoriales) adoptadas por parte del Intendente de los Santos.

La primera de ellas es la resolución de emprender una investigación administrativa que afecta a uno de los denunciantes del caso Satenil, el Dr. Luis Carlos de León. Dicho profesional es funcionario municipal en comisión en la Secretaría de Casaretto y además es Secretario de la Departamental de Maldonado del Partido Nacional.
El Dr. Luis Carlos de León fue quien elaboró y firmó, junto con la Esc. Zumarán, un documentado informe que revelaba irregularidades, ilegalidades y hasta posibles actos de corrupción en el monopolio de la publicidad en vía pública que la administración de izquierda entregara en forma directa a una empresa privada. Aquel informe desencadenó la formación de una Comisión Investigadora a nivel de la Junta Departamental, la cual todavía está trabajando en el tema. Ahora desencadena que el Intendente De los Santos, quien en su momento no ordenó investigar el caso Satenil en la Intendencia, sí ordenó investigar de dónde había obtenido el expediente el denunciante.

La segunda actitud municipal que Casaretto denuncia como dictatorial es la actitud del Intendente de Maldonado de interrogar a un legislador, oficialmente y por escrito, para intentar determinar de dónde obtuvo el expediente de Satenil.

Estos hechos merecieron una respuesta muy firme del diputado nacionalista, quien devolvió el oficio del Intendente por considerarlo improcedente, ilegítimo e impertinente. Casaretto, además, adjuntó a su respuesta un ejemplar de la Constitución de la República.

El Directorio del Partido Nacional brindó su total respaldo al Diputado de Maldonado y señaló con preocupación que se estaban lesionando severamente los fueros del legislador.

Casaretto responde: “Afanes dictatoriales del Intendente”

A continuación transcribimos el texto completo de la respuesta de Casaretto al Intendente.

Devuelvo a usted por improcedente, ilegítimo e impertinente el oficio 77/06 que me dirigiera con fecha 15 de junio del presente año.
En dicho documento público, usted desconoce la separación de poderes y el estado de derecho. Cuando desde otro poder del Estado se pretende controlar la tarea del legislador en forma ilegítima, se atenta en definitiva contra la forma democrática republicana de gobierno (art. 82 de la Constitución), la separación de poderes y la vigencia plena del estado de derecho.
Usted, señor Intendente de los Santos, invoca una norma de la Junta de Vecinos de la dictadura (el Decreto Departamental 3306 del 9 de mayo de 1975), disposición en la que se fundamenta para pretender interrogar a un Diputado. Mientras pretende hacer valer un decreto de la dictadura, usted desconoce lo dispuesto por una ley posterior, la Ley 17.060 (conocida como Ley Anticorrupción), que en el artículo 7 del Capítulo III relativo al Control Social, establece: “Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban permanecer reservados o secretos o hayan sido declarados tales por ley o resolución fundada”.
El hecho real es que alguien denuncia hechos de su administración, considerando que los mismos deben investigarse ante posibles irregularidades administrativas, violaciones a la ley y eventuales actos de corrupción. Ante ello, usted reacciona de forma inaudita y decide perseguir a los denunciantes.
El derecho de acceso a la información es una forma de combatir la corrupción. Es un derecho individual que se deriva de la forma republicana de gobierno como lo reconoce el art. 72 de la Constitución y el art. 332 obliga a aplicarlo en cuanto deber de los órganos públicos. Este derecho de acceso a la información es coherente con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos así como el derecho a investigar y recibir informaciones que establece el art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica.
Su gobierno, señor Intendente de los Santos, está siendo investigado en la Junta Departamental de Maldonado por adjudicar en forma directa el monopolio de la publicidad en los espacios públicos del departamento. Adjudicación entregada a una empresa privada, sin licitación, sin la anuencia de la Junta Departamental, y sin informar al Tribunal de Cuentas. Una entrega ruinosa, inconveniente y reñida con los principios básicos en materia de contratación pública. ¡Y usted pretende investigar a los que denunciaron tan graves irregularidades!
En suma: le reitero que devuelvo el oficio por improcedente, ilegítimo e impertinente y le insisto en su obligación de cumplir las normas legales y le aseguro que el espíritu democrático de nuestro pueblo repudia este tipo de afanes dictatoriales en los que usted está cayendo.
Adjunto a la presente un ejemplar de la Constitución de la República y reclamo a usted el respeto a la misma.